lunes, 22 de octubre de 2018

MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA COMERCIALIZACIÓN Y ANTE LOS CORTES DE SUMINISTRO

El Real Decreto que regula la aplicación del bono social de electricidad para los consumidores
vulnerables publicado en el BOE de 7 de octubre de 2017, también incluye una serie de medidas
para reforzar la protección del consumidor en la comercialización y ante los cortes de suministro,
principalmente son éstas:

• Las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de dos meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores.

• Las compañías eléctricas deberán informar expresamente al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre, de que está renunciando a su derecho a percibir el bono social.

• En el caso de los consumidores vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago.
Así será posible actuar con mayor eficacia en la detección de los casos donde deban adoptarse
medidas de política social para atender a los hogares en peor situación.

• Además, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una primera medida para recuperar la normalidad de los pagos.

• Se regula además un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social.
Aquellos consumidores vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales de
una Administración autonómica o local que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, debido a su especial protección, serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social. 

Para este colectivo, las comercializadoras de electricidad deberán asumir el resto de la factura y no podrá, por tanto, procederse al corte de suministro en caso de impago. En estos casos, se establece un mecanismo para que las comercializadoras de electricidad realicen una aportación financiera adicional a la hora de evitar cortes de suministro.

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